¡Una vez más se intenta vulnerar los derechos de los más pequeños!

Una mamá que trabaja  en una institución pública me contó que su niño de dos años acude a una cuna jardín que funciona en su centro de trabajo. Este servicio es muy útil para ella porque no cuenta con familiares que puedan apoyarla con el cuidado del niño durante su jornada laboral. Sin embargo, me comentó, con gran preocupación, que se ha enterado que se va a suprimir el servicio de alimentación para los niños a pesar que los padres pagan los costos de dicho servicio. Esta situación me llamó la atención porque si los niños y niñas permanecen durante 8 horas en una institución educativa  pública y sus padres abonan un porcentaje de su haber para que sus hijos reciban atención integral, lo lógico es pensar que esa atención integral debe incluir un servicio de alimentación. Por eso me resulta incomprensible que ahora se pretenda quitarles este beneficio, que además es un derecho adquirido desde hace décadas  cuya finalidad era asegurar el bienestar y desarrollo  de los más pequeños. Es curioso que estas cosas ocurran en un momento en que existe a nivel de gobierno una preocupación por disminuir los índices de desnutrición infantil y de anemia, muchas veces ocasionada por una alimentación inadecuada, cosa que puede ser superada en estas instituciones donde generalmente cuentan con el asesoramiento de nutricionistas. En la actualidad también hay movimientos preocupados por incrementar la inversión del Estado en la primera infancia, dado que se sabe que es el periodo fundamental y de mayor vulnerabilidad en el desarrollo del cerebro y que un buen inicio es una mejor oportunidad para el desarrollo de una persona. Aparentemente estas inconsistencias son producto de un vacío legal, ya que no habría una disposición que norme la organización y funcionamiento de las cunas y jardines de las instituciones públicas. Preocupada he consultado con varios especialistas y parece ser que este asunto se arrastra al menos desde hace dos años, la pregunta es ¿habrá solución para este problema? ¿es justo mantener a los padres en zozobra? ¿los tomadores de decisiones se darán cuenta del impacto que tendría esta decisión? ¿dónde quedan los derechos del niño y la niña?